Mientras el respaldo al presidente Martín Vizcarra disminuye en todo el país (según Datum, cae 5 puntos en el último mes), un informe de la Contraloría de la República dice que hay “indicios de responsabilidad penal” del jefe de Estado en un pago de 41 millones de soles a un consorcio para la construcción de un hospital de Moquegua, cuando era gobernador regional.

La presunta irregularidad se pone de manifiesto porque el desembolso económico se da el último día de su gestión en forma inmediata, algo que resulta controversial, ya que todos somos conscientes de que este tipo de procesos requieren de un largo trámite.

“No es una revelación, es un tema ya investigado”, respondió Vizcarra y precisó que el caso ya fue archivado dos veces. El Mandatario agregó que si se investiga por tercera vez, está llano a colaborar con las indagaciones. En el decidido esfuerzo de este Gobierno de luchar contra la corrupción, este propósito parece ser una muestra de transparencia.

Si bien es cierto que este tema de envergadura puede llegar nuevamente al sistema judicial, todo hace suponer que lo verá también el próximo Congreso. Una investigación seria nos permitirá saber la verdad de este caso. El respeto a la independencia de poderes será fundamental.

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