EE.UU.: El ASILO ES UN DERECHO DEL ESTADO, NO DEL QUE LO PIDE

Debemos ser consecuentes con el rigor del principio de soberanía del Estado, base del derecho nacional y reconocido por el derecho internacional. Lo voy a explicar.

Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos de América ha comenzado a aplicar como medida propiamente de su soberanía, la denegación del asilo, que es una institución del derecho político, a los migrantes centroamericanos -fundamentalmente salvadoreños, guatemaltecos y hondureños-, en la condición de indocumentados, quienes pugnan por ingresar en territorio estadounidense. Es verdad que la medida abre los espacios para la censura internacional, porque aparecerá como un acto de insensibilidad social -justificable- ausente de solidaridad panamericana, pero también lo es que corresponde a una de eminente carácter estatal, llevada adelante en el marco del ius imperium o poder estatal, pues Washington no está obligado a dar cuentas de sus decisiones conforme lo define y entiende por interés nacional. En otras palabras, es una medida de política exterior sobre que no existe nada en contrario. La decisión de la Casa Blanca se ha hecho en base a la decisión del Tribunal Supremo de los EE.UU. que dio luz verde a la iniciativa de Donald Trump, y que está pegada al derecho internacional, pues el asilo es una prerrogativa o facultad de protección del Estado a quien califica de perseguido político, y no un derecho de aquel que solicita dicha calificación. Esta última claridad jurídica impide que los solicitantes de asilo pudieran incoar una demanda ante alguna instancia jurídica supranacional al no haberles sido concedido, pues es un derecho estatal y no individual. Lo anterior debe entenderse, además, como una condición con evidente ausencia del derecho para invocar derechos humanos. Con lo anterior, no vamos a negar que la medida guarda relación directa con las aspiraciones reeleccionistas de Trump. En América Latina son muy pocos los países que han endurecido sus políticas migratorias. República Dominicana y Chile son los Estados que últimamente se han mostrado poco permeables con sus políticas migratorias y tampoco pueden ser juzgados o criticados por decidirlas. Lo que, finalmente, sí creo es que cuando suceden fenómenos de la política internacional, como el migratorio, es necesario tener una posición firme y única con vocación de política de Estado.