A finales de año pasado, el Congreso aprobó la Ley Nº 31666, “Ley de Promoción y Fortalecimiento de la Acuicultura”, impulsada por la congresista Rosio Torres, la misma que restituye los beneficios tributarios a la acuicultura que fueron anulados, sin ningún sustento ni debate técnico, con la derogatoria de la Ley N° 27360, “Ley de Promoción Agraria” en diciembre del año 2020.

En efecto, la reciente ley aprobada contempla una serie de beneficios necesarios para hacer despegar la acuicultura, tales como la creación de un programa de financiamiento con garantía del Estado; alicientes tributarios como la recuperación anticipada del I.G.V.; tasas reducidas progresivas del impuesto a la renta; entre otros.

La acuicultura, de acuerdo a la FAO, es una actividad que, junto a la pesca, contribuyen a la mejora de la seguridad alimentaria y a la nutrición de las personas. Por ello, gracias a este marco legal, ahora el Perú podrá convertirse en una potencia acuícola como lo son nuestros vecinos Chile (1° puesto) y Ecuador (3° puesto), pues nuestro país tiene todas las condiciones para ello; siendo además que se trata de una actividad que no solo desarrolla en el mar sino también en los ríos de nuestra Amazonía y lagunas de nuestra Sierra.

Estaremos atentos a la publicación del Reglamento de la Ley para empezar a conquistar los mercados nacionales e internacionales con nuestros productos acuícolas; que además de truchas, conchas y langostinos existe una gran cantidad de corvinas cultivadas por pescadores artesanales en Ilo; así como también paiches, gamitanas y pacos criados en el Parque Acuícola de Pucallpa y otros tantos en San Martín, Loreto y Amazonas. Por ello, no hay duda que este debe ser el año del despegue de la acuicultura.


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