​El blindaje en el Congreso

Hay una gran diferencia entre los procesos judiciales de los congresistas antes de adquirir la inmunidad del cargo y los juicios que enfrentan en el ejercicio de sus funciones por algún delito penal. El caso Edwin Donayre se enmarca en el primer grupo. Por lo tanto, el Legislativo debería liberarlo para que cumpla su condena por peculado en agravio del Estado.

La inmunidad parlamentaria no debería ser utilizada como escudo o refugio de personajes que vienen huyendo de la justicia. Por eso, se equivoca el congresista y vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, cuando afirma que el Poder Judicial quiere sobrepasar sus funciones sobre el Parlamento.

“Acá estamos protegiendo el derecho constitucional del Congreso. El Poder Judicial quiere sobrepasar estos derechos, y eso está mal (…) Acá nadie está blindando a nadie, acá lo que estamos haciendo es proteger derechos. Podría ser cualquier congresista, inclusive nuestro adversario político”, comentó Tubino en una entrevista en RPP.

Confunden en el Congreso el uso de sus derechos como poder del Estado con la protección de personas condenadas. No ha sido el primer caso en el que, gracias a la presión mediática y ciudadana, se ha debido corregir esta misma postura frente a otros ajusticiados, como el que involucró a Benicio Ríos, parlamentario de APP que incluso estuvo prófugo.

Tal vez por estas razones crece la popularidad de la tercera pregunta del referéndum, sobre la no reelección de congresistas. Precisamente, esta defensa de un congresista sentenciado envía un mensaje negativo a la ciudadanía.

No pensaríamos lo mismo si es que, por alguna represalia política, a un legislador se le intentara quitar la inmunidad parlamentaria para desaforarlo de su cargo. No es el caso de Donayre, como tampoco lo fue el de Ríos.