Hace casi cinco años, en las elecciones del 2021, el entonces candidato al Congreso José Luna, dueño de Podemos Perú y de universidades truchas, era un investigado por corrupción que al momento de salir elegido se encontraba bajo arresto domiciliario, el cual solo dejó para asumir su cargo en el Poder Legislativo.

Hoy, la situación de este personaje es la misma, por lo que vale hacer un nuevo llamado de atención al Ministerio Público, que cinco años después, de una elección general a otra, no ha sido capaz de clarificar ante el elector si este caballero es culpable o no de haber metido la mano en el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para tener de su lado a consejeros que aseguren la inscripción de su partido.

El Ministerio Público pide 22 años de cárcel para Luna por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho, pero sus demoras permiten que el caballero sea candidato presidencial, con lo que en teoría podríamos tener a un jefe de Estado que al poco tiempo tendría que dejar el cargo para irse a cumplir su condena.

Esto es delicado. Por qué los proceso demoran tanto. Con esto estamos yendo nuevamente ciegos a una elección, pues un candidato como Luna podría terminar tras las rejas, tal como pasó como Daniel Urresti, quien luego de postular a la Presidencia de la República y a la Municipalidad de Lima, fue condenado a 12 años por asesinato por un crimen cometido en 1988.

¿Qué está pasando con la justicia en el Perú?