La violencia, el terror y la convulsión social, principalmente en el sur del país, discuten su supremacía en los últimos días. El Gobierno ha mostrado mano firme para controlar este terrible episodio y en esa reacción han habido excesos y muchas muertes. Con justa razón y con mucha angustia, la mayoría de peruanos pide la paz. “Basta ya”, es el clamor de todos.

En ese contexto el diálogo se vuelve un instrumento político importante para el Gobierno, ya que su conversión en un sistema de acuerdos le permitirá resolver tantos problemas internos, que dejan en vilo la democracia y ponen en duda hasta la legitimidad de la presidenta Dina Boluarte. Lo peor es que la mandataria no atina a nada. Y encima su silencio ya se parece mucho a la indiferencia. En tanto, el primer ministro, Alberto Otárola, minimiza las protestas en las regiones y solo opta por el choque frontal.

No es un secreto que el objetivo de los violentos es llegar a Lima y sembrar el caos. Esa etapa ya está en proceso. Saben que la capital le da más repercusión y un cariz político a cualquier grupo extremista. Quieren generar mayor impacto en la ciudadanía, los medios y en la clase política.

Ya es momento que el Gobierno reaccione ante el peligro que el país se vuelva ingobernable. Apostar todo a las balas es una mala señal. Se dice que el Estado de Derecho es la organización del uso del poder mediante reglas preestablecidas y las más claras posibles. Eso tiene que entender el Gobierno. Por encima de todo hay que ser respetuosos con la ley.

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