En los últimos años, el país ha entrado en una espiral preocupante de conflictos por obras públicas y contratos que no terminan bien. Cada vez son más los proyectos que terminan en disputas legales o en arbitrajes internacionales. Hace una década se registraban poco más de veinte casos ante el CIADI; hoy esa cifra se ha más que duplicado. Y lo más grave es el impacto económico: las pérdidas reclamadas suman miles de millones de dólares que el Estado podría haber destinado a salud, educación o seguridad.
A esto se suma otro problema evidente para cualquier ciudadano: las obras que quedan a medio construir. Basta recorrer distintas regiones para encontrar caminos inconclusos, colegios sin terminar, hospitales cerrados y servicios básicos que nunca se ponen en funcionamiento.
La raíz de este problema está en la forma en que se gestionan los proyectos y los contratos. Muchas veces se inicia la construcción sin una buena planificación, con estudios incompletos o acuerdos que dejan demasiados huecos. Cuando surgen los primeros tropiezos, no existen equipos preparados para resolverlos rápido y evitar que el conflicto escale.
Por eso se necesitan reformas serias y urgentes. Reformas que aseguren contratos claros desde el inicio, supervisión real durante toda la ejecución y profesionales capacitados para anticipar riesgos. También es fundamental que el Estado actúe con firmeza cuando algo se desvía y que exista transparencia en cada decisión.
El Perú no puede seguir atrapado entre obras inconclusas y litigios millonarios. Ordenar cómo se planifican y manejan los proyectos no es un detalle técnico: es la clave para que el desarrollo deje de ser un discurso y se convierta en mejoras concretas para la gente.
