Más de seis meses de silencio sin presencia del presidente ante la prensa dieron paso a las visitas de dos periodistas nacionales y uno internacional, que han motivado una ola de indignación ante la ostensible incompetencia del mandatario para responder con solvencia. El Poder Ejecutivo atraviesa muy malos momentos de masivo cuestionamiento y no encontró mejor reacción que activar una orden judicial para el allanamiento y descerraje de Radio Tigre SAC, vulnerando la prohibición constitucional de avocarse a causa pendiente. Se disparó a los pies al pretender silenciar la emisión de PBO y de paso a Phillip Butters, el periodista crítico más caracterizado. La arbitrariedad ha sido manifiesta y vista como verdadera amenaza el sistema democrático. El rechazo ha sido general y de todos los sectores, ante lo que podría ser la punta del iceberg de un régimen totalitario. Y es que el derecho a la información, que engloba las libertades de pensamiento, opinión y expresión, es el supuesto fundamental de toda sociedad genuinamente democrática por lo cual es esencial proteger los medios que expresan opiniones críticas al poder de turno. El Perú como firmante de la Declaración de Chapultepec de 1994, está obligado a aceptar que la “libertad de pensamiento y expresión” es “un derecho inalienable de los pueblos”, aserto respaldado por la CIDH y la Corte IDH, que definen su triple importancia como derecho individual, elemento fundamental de la democracia, y garantía de otros derechos. El versado pronunciamiento del ILADYG ha recordado que el Estado venezolano rechazó renovar la licencia a Radio Caracas Televisión RCTV, 2015 y que la Corte IDH consideró que un trato diferenciado por disgusto ante la línea editorial del Canal, conllevó un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los que ejercen su libertad de expresión. Lo rechazamos enérgicamente cuando más necesitamos de la información y el debate para evaluar el rumbo de la patria.