El 3 de julio de 2022, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, hizo oficial la creación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), una nueva unidad dentro del Ministerio Público, justificada por los constantes y cada vez más crecientes casos de corrupción vinculados al poder político. La decisión fue oportuna y necesaria, pero a estas alturas bien puede considerarse su desactivación o urgente reorganización. Los indicios apuntan a un mal o pésimo manejo de Marita Barreto, actualmente suspendida por 6 meses por filtrar información reservada al periodista Carlos Paredes. Pero Barreto muestra otros actos irregulares o sospechosos como el caso Valkiria 11, el cual activó de forma sorprendente al ordenar allanamientos solo porque estaba a un paso de ser destituida y tras 7 meses sin ninguna diligencia. Barreto viajó entre el 1 y 5 de noviembre de 2022 a Punta Cana, y luego del 31 de enero al 4 de febrero de 2023 a Estados Unidos por el caso de Sada Goray, con cuyo abogado, el exfiscal Telmo Zavala, mantenía una estrecha relación. Barreto salió a decir también que Iván Siucho había sido detenido como parte de un amedrentamiento del Gobierno pese a que en realidad era investigado como parte de una organización criminal dedicada al oro ilegal. Hace unos días, Yaziré Pinedo (supuesta expareja de Alberto Otárola) ha señalado que Barreto recibía costosos regalos de Karelim López, colaboradora eficaz. Además, ha trascendido que Barreto está afectivamente vinculada con un jefe policial de la Diviac. Con todo ello, Delia Espinoza está obligada a reestructurar el Eficcop con urgencia y a separar a Barreto de esta jefatura. Solo las inmediatas acciones de limpieza pueden contribuir a transparentar una entidad con una imagen seriamente deteriorada.
