El domingo por la noche, el hasta entonces procurador general del Estado, Javier León Mancisidor, nombrado apenas cinco días antes en reemplazo de María Caruajulca, quien no reunía los requisitos para el puesto, renunció al cargo en medio de graves cuestionamientos que incluso lo relacionaban con el narcotraficante Fernando Zevallos (a) “Lunarejo”. Toda una joya que incluso había sido suspendido por el Colegio de Abogados de Lima (CAL).
En cualquier país donde la corrupción, la sinvergüencería y la incompetencia no se hubieran normalizado, por lo menos debió haber presentado su renuncia el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, quien nombró a este personaje y días después defendió su designación al afirmar que no tenía ninguna sentencia en su contra. Sin embargo, acá no pasará nada.
No hay duda que el régimen del presidente Castillo ha servido para precarizar aún más el Estado al llenarlo de incompetentes y gente dudosa como León Mancisidor. Pero lo peor de todo es que ante las pertinentes críticas, el mandatario y sus ministros no hacen más que quejarse y victimizarse, como si fueran parte de una gestión brillante y limpia, a la que de la nada quieren traerse abajo.
Si el ministro Chero, con el aval del mandatario, ha sido capaz de nombrar a León Mancisidor como procurador general, ¿qué más viene? No hay duda que el Estado está en las peores manos.
