El estigma de la DINI

Si algún gobierno era el menos indicado para anunciar la puesta en marcha de la llamada “ley de geolocalización”, que ha despertado temores por la facilidad con que un ciudadano podría ser ubicado electrónicamente por la Policía Nacional a través de su teléfono celular, ese es sin duda el del presidente Ollanta Humala, que pasará a la historia por haber hecho mal uso de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) al violar la ley y ponerla al servicio de oscuros intereses.

Lamentablemente, la buena intención que podría tener la norma promulgada el 27 de julio, con el objetivo formal de combatir la extorsión, colisiona con la mala experiencia que hemos tenido los peruanos al comprobar a inicios de este año que la DINI de Humala tenía gente dedicada exclusivamente a armar expedientes sobre peruanos que no tendrían por qué estar en la mira de un sistema de inteligencia que solamente debería estar detrás de potenciales enemigos de dentro y fuera de nuestras fronteras.

Por qué no creer que la “geolocalización” podría ser usada indebidamente para que se incluya en esos expedientes información de las zonas que ha frecuentado un político, un empresario o un periodista incómodo al Gobierno. Lo señalo porque la DINI se ha venido dedicando a esa actividad hasta que fue sorprendida con las manos en la masa, lo que ocasionó la censura en el Congreso de la entonces premier Ana Jara por su responsabilidad política en el asunto.

Para anunciar con bombos y platillos la puesta en marcha de este sistema, que quizá tenga detrás buenas intenciones, el Presidente primero debió hacer un mea culpa por el escándalo de la DINI (aunque entiendo que hacerlo hubiera implicado admitir responsabilidad de alcance penal) e informarle al país cómo van las investigaciones sobre las irregularidades y en qué situación se encuentra dicha institución, que por cuatro años estuvo en manos de gente de total confianza del Mandatario.

Los voceros del Gobierno han defendido la “geolocalización” argumentando que existen controles para que la Policía no cometa excesos y atente contra los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, toda la vida han existido “candados” para impedir el mal uso de la inteligencia, e igual se incurrió en eso. Hay motivos para sospechar del humalismo, al que solo le queda actuar con transparencia, empezando por el asunto de la DINI, que sigue cubierto de un manto de misterio.