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Las nuevas revelaciones de coimas, enjuagues y tratativas ilícitas para la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano (GSP) durante el gobierno de Ollanta Humala van camino a ser el golpe más demoledor asestado por las delaciones de “Lava Jato” a la ex primera dama Nadine Heredia. El argumento inconsistente y frágil, pero argumento al fin, de que los ilícitos dineros del indeseable chavismo y de las corruptas empresas brasileñas constituyeron un aporte apenas irregular a las campañas electorales, y que tenían solo una connotación administrativa, pero no penal, se desploma con la reciente categórica información. Lo que en buena cuenta habrían señalado los nuevos colaboradores a la Fiscalía es que no fue tan irrelevante la tarde del 30 de junio del 2014, porque ese día el régimen humalista acabó con todas las fases de sus trampas y fechorías para la sucia entrega de la concesión a la coalición que lideraba Odebrecht, en desmedro de la otra competidora, el consorcio Gasoducto Peruano del Sur (GDF Suez, Sempra, Techint y TGI). La generosa preferencia, todo indica, fue la obvia consecuencia de los verdes beneficios que llegaron desde la tierra de los sambódromos, el Maracaná y el Cristo del Corcovado hasta Heredia, quien desde mucho antes del 2011 y hasta el 2016 fue la inobjetable y palaciega portadora del poder en el país. Es una historia que no deja de ser lamentable. Poco a poco, inexorablemente, la ex primera dama se acerca al precipicio al que la arrastraron su ciega egolatría, su ilimitado arribismo y su desmesurada ambición. Va hacia una muerte civil prematura. No es poca cosa que a sus 43 años, y con hijos aún púberes, la acumulación de las penas pueda llevarla a una prisión exorbitante y a cargar una condena humillante, abrumadora y difícil de soportar.