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El pasado 20 de julio, Pedro Chávarry juramentó como fiscal de la Nación. Desde antes ya tenía cuestionamientos tras escucharse sus diálogos dentro de los “CNMaudios” con el hoy suspendido juez César Hinostroza. A través del detenido Antonio Camayo, pactaban una reunión con medios de comunicación para mejorar su imagen.

En reiteradas ocasiones negó haber realizado dicha reunión. Otros audios lo pusieron en evidencia, y terminó por aceptar que fue un “error” no haber dicho la verdad. Mintió al país.

Luego aparecieron otras denuncias contra el referido fiscal, ligadas a su proceso de ratificación en el CNM. Una pesquisa periodística señaló que fue calificado como desaprobado.

De igual forma, cuando Chávarry no fue ratificado como fiscal en el 2002, se dedicó a defender al traficante de armas James Stone, que tuvo nexos con Vladimiro Montesinos.

Ahora, el actual fiscal de la Nación ha sido vinculado por la Fiscalía, que él mismo representa, de ser miembro de una organización criminal denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto”, que de acuerdo con la tesis de la Fiscalía pretendía dominar el Ministerio Público y el Poder Judicial del Callao para beneficiar a una red de narcotráfico.

Frente a estos hechos, el fiscal Chávarry ha perdido credibilidad ante la opinión pública. Diversas organizaciones, bancadas parlamentarias, representantes de la sociedad civil y varios colectivos le han pedido que renuncie, porque no puede seguir siendo fiscal de la Nación mientras pesen sobre él tan graves acusaciones.

El fiscal de la Nación debe dar un paso al costado si verdaderamente quiere cuidar la institucionalidad del Ministerio Público.