La decisión de desactivar los equipos especiales del Ministerio Público no puede leerse solo como un cambio organizativo. El punto crítico no es tanto el “qué”, sino el “quién”: la adopta Tomás Aladino Gálvez Villegas, un fiscal de la Nación interino, cuyo mandato es, por definición, y transitorio, y que hasta hace poco estuvo bajo la lupa de uno de esos equipos que hoy pretende desaparecer.

Los equipos especiales han sido una estructura que logró llevar a juicio a expresidentes, ministros, altos jueces y grandes empresarios. Pero no todo fue bueno, ahí tenemos el fiasco del Caso Cócteles y del operativo que terminó con el suicidio del expresidente Alan García, por citar algunos ejemplos. También se ha visto un descarado sesgo político en algunos fiscales como Rafael Vela y Domingo Pérez, quienes hace tiempo debieron ser separados de sus cargos.

Pese a sus aciertos, errores y excesos, su disolución no es un tema menor, significa desarmar capacidades construidas a lo largo de años y dispersar conocimiento acumulado en investigaciones complejas.

Por eso, la Junta de Fiscales Supremos tiene una responsabilidad ineludible: poner fin al interinato y nombrar cuanto antes a un fiscal de la Nación pleno y con horizonte de gestión, para tomar decisiones trascendentes que no deben caer en manos de un interino.