Preocupa que hasta el momento la Comisión de Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano del Congreso no haya sido lo suficientemente clara respecto al futuro de las pensiones de los peruanos, tanto los que están en el ámbito público como en el privado. Y preocupa más cuando un asunto tan delicado queda en manos de un Poder Legislativo como el actual.
De momento se sabe que la propuesta salida de este grupo de trabajo a cargo de la legisladora Carmen Omonte (APP) es que una entidad pública se encargue de administrar los fondos de los actuales sistemas estatal y privado. Esto de por sí puede resultar muy preocupante, pues el Estado ha sido experto en mostrar su ineficiencia para gerenciar recursos de los peruanos. Queda claro que el sistema de pensiones, en general, tiene aspectos que deben ser corregidos. Sin embargo, no por ello se puede permitir que un Congreso ávido de aplicar medidas populistas y destinadas a lograr el aplauso en el corto plazo, vaya a hipotecar el futuro de millones de peruanos en base a la aplicación de propuestas que ya han fracasado.
La receta del “papá” Estado como administrador ya demostró que no lleva a ningún lado. Las cifras dejadas por los años 70 y 80 lo evidencian. Así que queda a los peruanos estar muy atentos para impedir que el llamado “remedio”, sea peor que la enfermedad.
