El gobierno frente a las huelgas

Podrán ser justos sus reclamos, pero los médicos y los profesores del sector público están poniendo al límite la tolerancia no solo del Gobierno, sino de los peruanos, que se sienten perjudicados con la indolencia que muestran algunos sindicalistas de ambos gremios profesionales.

Hace unos días, en Chiclayo, una enfermera se resistió a recibir a un hombre malherido porque, simplemente, hay una huelga de médicos y nadie podía atenderlo; mientras, en Yurimaguas, un niño perdió la vida luego de que los galenos de un centro de salud impidieran que sus colegas atiendan al paciente.

Sabemos que no podemos meter en el mismo saco a todos los médicos que están en las calles, pero resistirse a prestar atención va contra su ética y el derecho de las personas, por lo que el Ministerio Público y el Ministerio de Salud deberían identificar a esos malos profesionales y entablarles procesos penales y administrativos, respectivamente.

Los ciudadanos no tienen por qué pagar los platos rotos de la huelga de los médicos y los docentes. La lucha radical de estos gremios deslegitima los derechos que le reclaman al Estado, al que por un lado le piden sensibilidad humana para poder tener más recursos y trabajar en óptimas condiciones; y por el otro se comportan como unos salvajes frente a los más necesitados.

Asimismo, sobre los docentes, es un acto temeroso poner en riesgo el año escolar de los educandos en un tiempo en el que ya han perdido horas de clases por las lluvias, en el caso del norte, o por las heladas, en el sur. Este reclamo se convierte en un aprovechamiento de las debilidades del Ministerio de Educación en el que salen perjudicados los alumnos y los padres de familia.

La intromisión de radicales en ambas huelgas solo está afectando a quienes más necesitan de la salud y la educación pública, y consideramos que si el Gobierno no pone mano firme para devolver el orden en ambos sectores, el panorama podría empeorar.