El gobierno provisorio de Sagasti lanzó el proyecto de la nueva Carretera Central, bajo la modalidad de contratación de gobierno a gobierno (G2G) y el enfoque conocido como PMO (Project Management Office). Este sistema se utilizó para evitar el papelón con los Panamericanos por las obras inconclusas. Nunca quedó claro cuánto nos costó, pero fue un dineral que mejor hubiera sido invertido en hospitales y colegios.

Y es que ese es el problema principal: estos contratos G2G son muy encapsulados. Incluso el sistema de Asociaciones Público-Privadas (APP) permite un seguimiento más estricto y cercano. El problema es que aquí el marco legal-institucional generó fisuras por la cuales se filtró la corrupción de Odebrecht y sus socios brasileros y peruanos. Los G2G no lo permiten.

El otro problema es que son carísimos. Esta carretera se presupuesta, según el MTC, en 11,571 millones de soles. Eso significa que cada kilómetro de autopista de solo dos carriles por calzada ascenderá a 25 millones de dólares. Cierto es que la obra comprende algunos túneles, pero esto solo que incrementará el costo presupuestado por lo difícil que es predecir con exactitud la dificultad de las perforaciones. Aun así, ¿tanto debe costar? Un kilómetro de autopista similar en costa anda por 1 a 1.5 millones de dólares.

Finalmente, ¿le corresponde a un gobierno de transición embarcar al país en compromisos de gasto como éste? Y algo más: con este contrato, el Estado peruano reconoce que no sabe hacer carreteras, a pesar de la tradición de nuestra ingeniería civil que tiene antecesores hasta en los incas. ¿Tan mal estamos? No creo. Mejor en todo caso, sería hacer un contrato similar con el gobierno de Israel para que nos resuelvan el problema de inseguridad ciudadana y para que nos provisionemos de vacunas y se acelere la vacunación. Algo en lo que realmente, hemos fracasado. Por lo menos ahí se podría justificar tremendo gasto.

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