El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha puesto el dedo en la herida al afirmar una terrible realidad para todos los peruanos: que de los cuatro detenidos por el secuestro de la rescatada empresaria Jackeline Salazar, dos habían sido arrestados a inicios de este año para luego ser dejados en libertad por el Ministerio Público, que sin duda está plagado de fiscales que de manera voluntaria o involuntaria ha pasado a ser cómplices de delincuentes de alta peligrosidad.
Sin duda no es el único caso en que los fiscales se ponen del lado de la criminalidad. No olvidemos los airados pero justificados reclamos del jefe de la Región Policial Lima Sur, general PNP Manuel Lozada, una vez que un fiscal dejó libres a 13 extranjeros que habían sido arrestados en Cañete por estar dedicados a “apretar” gente bajo la modalidad del préstamo “gota a gota”. El trabajo que hizo la Policía Nacional se fue al tacho por culpa de estos magistrados a los que habría que investigar.
Antes vimos el caso de ese engendro venezolano apodado “maldito Cris”, que mató a un sereno luego de haber sido dejado en la calle a pesar de que estuvo detenido. Lo mismo sucede con todos esos delincuentes de celulares o carteras que al caer nuevamente, nos damos cuenta que han entrado y salido de comisarias y penales gracias a fiscales que no hacen bien su trabajo y que cuentan con las herramientas para actuar con dureza, pero que por alguna razón desconocida se ponen del lado de ladrones y asesinos.
Ahora venimos a saber que los autores del mencionado secuestro que tuvo en vilo al país, habían sido beneficiados por fiscales que hacen de sus cómplices a pesar de sus antecedentes de terror. ¿Quién responde por esto? ¿Los órganos de control del Ministerio Público ya aplicaron sus normas a estos magistrados que son el gran lastre en la lucha contra la criminalidad que está desbordada y cuesta vidas todos los días? ¿Esto señores siguen siendo parte del sistema de justicia?
Estoy seguro que en este desmadre que hace que los delincuentes entren y salgan con total impunidad, tiene mucho que ver la severa crisis por la que atraviesa el Ministerio Público, donde dos bandos se disputan abiertamente el control de la institución. Con esto, tenemos a las cabezas dedicadas a cualquier cosa antes que a perseguir el delito que afecta al ciudadano de a pie que ha sido abandonado a su suerte frente a asesinos, ladrones, extorsionadores y secuestradores. Una tragedia.
