Opinión

El indulto a Fujimori: jurídica y políticamente

Columna de Miguel Ángel Rodríguez Mackay

27 de Diciembre del 2017 - 07:22 Miguel Ángel Rodríguez Mackay

El indulto a Alberto Fujimori es jurídico y político. Entenderlo solamente por uno de estos dos componentes es errado. Siendo una prerrogativa de perdón presidencial, es totalmente constitucional e inoponible, es decir, nos guste o no, hasta podría indultar in extremis al diablo si lo desea. No existe ninguna posibilidad jurídica en el derecho interno o en el supranacional que pueda anularlo.

Lo hallamos en el célebre Código de Hammurabi hace 4 mil años, y del derecho divino fue trasladado a los monarcas que ejercían sin límites el ius puniendi o derecho de sancionar sobre sus súbditos, conservándose pétreo a través de los siglos. Esa es la fuerza de su naturaleza jurídica: facultad exclusiva del jefe de Estado que, acabado el absolutismo, la recibió del nuevo soberano que es el pueblo.

Si el indulto es un atributo ad hoc de la voluntad del Presidente para concederlo, en el caso del humanitario es mayor porque invoca el carácter superior de los derechos humanos, que están por encima del derecho positivo al priorizar la humanidad del derecho, también siempre superior a la propia norma escrita. En el derecho no existe la interpretación convenida o caprichosa. No. La técnica hermenéutica o interpretación jurídica de una sentencia stricto sensu se halla únicamente en su parte resolutiva, nunca jamás en los antecedentes o en la parte considerativa.

La que condenó a Fujimori no dijo que era por delitos de lesa humanidad, por tanto, no forcemos políticamente el derecho. Ahora bien, Fujimori nos hizo mucho daño y quebró la moral nacional, pero también nos libró de Abimael Guzmán y su cúpula, logró la paz con Ecuador y nos sacó del abismo económico. Tengamos, entonces, equilibrio. No seamos mezquinos ni malagradecidos. Fue condenado y pagó cárcel por más de una década. Debió optarse por el arresto domiciliario por su edad, pues aunque no esté agonizando no era correcto que un exjefe de Estado terminara sus días entre rejas, como le pasó a Augusto B. Leguía (1919-1930).

Acaba de pedir perdón a aquellos peruanos afectados por sus errores, y eso debe ser valorado. No nos llenemos de odio ni construyamos proyectos políticos a partir de su excarcelación.