Al cierre de esta columna el gobierno del Perú no había tomado una decisión sobre el destino final del cadáver de Abimael Guzmán. La ley peruana establece que el cuerpo de los fallecidos debe ser entregado a la familia para que decida su sepultura o cremación.

Como católico también creo que la familia debe tener una participación directa por derecho propio; sin embargo, es bueno recordar que el derecho como ciencia social debe armonizar de la manera más adecuada con el hecho social que supone circunstancias y contextos donde los derechos personales o los personalísimos son superados por los derechos de todos, convirtiéndose el asunto en uno de calidad jurídica erga omnes, es decir, derecho de todos.

Ese es el caso del cadáver del líder terrorista que ensangrentó el país, causando la muerte de más de 78 mil peruanos en los doce años en que fuimos de las naciones más violentas del mundo. En el caso de Guzmán, entonces, no se trata de cualquier persona, ni siquiera de cualquier terrorista, sino del cabecilla que dictaba los aniquilamientos selectivos e indiscriminados y atentados en todas las modalidades que nos podamos imaginar, es decir, la responsabilidad penal de Guzmán configuró lo que antes se denominaba autor intelectual y hoy en la ley penal se conoce como autor mediato.

En consecuencia, pensando en el interés nacional, que debe traducirse en hecho social, es evidente que el cuerpo de Abimael Guzmán debería ser cremado y sus cenizas esparcidas y en todo ese proceso, eso sí, debería estar presente la familia y la fiscalía en nombre de la justicia y del Estado, como corresponde.

Al hacerlo de esa manera, de un lado, se habrá respetado la ley peruana porque nada se habrá hecho de espaldas a la familia, esto es su esposa, Elena Iparraguirre, que como Guzmán, cumple la pena de cadena perpetua. El espíritu de la ley estará intacto; y de otro, siendo sus cenizas esparcidas en el mar, el campo, etc, habremos evitado que quede rastro alguno de AG en la memoria colectiva de los peruanos.

Esto último es muy importante para evitar que sea mitificado o surjan polarizaciones. En su cremación deberá cumplirse el protocolo que corresponde -como para los muertos por Covid-19, por ejemplo-, hasta asegurar su extinción total que deberá hacerse -repito- por interés nacional.