El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es un colegiado integrado por representantes de diferentes entes con experiencia en derecho, cuya presidencia recae siempre en el vocero del Poder Judicial. Ha sido así por años y hemos tenido más o menos garantías sobre los sufragios, aunque en el Congreso piensen distinto.
La iniciativa del Legislativo para que la presidencia del JNE recaiga por elección entre sus cinco integrantes tiene un matiz político, más que técnico, que pondría en riesgo la estructura de la institución tutelar de los comicios en el país. No digo que los jueces sean santos de mi devoción, pero el cambio planteado transformaría el cargo en un botín para los políticos.
Aquí ha entrado a tallar la participación del Colegio de Abogados de Lima, que el último sábado elegía a su decano. Los juristas Gastón Soto y Raúl Canelo se disputarán el puesto clave en una segunda vuelta, seguido muy de cerca por el Congreso. La teoría es que quien gane, de proceder el proyecto de ley, sería fundamental para los intereses partidarios.
Es necesario que desde el Congreso se respete la institucionalidad, como la del JNE. Dinamitar su presidencia sólo conllevaría a que la clase política meta sus narices y trate de controlar un ente autónomo, lo que pone en riesgo la transparencia de las futuras elecciones generales. Lo que menos se espera es la politización de lo que más o menos es independiente, nos guste o no.
El Congreso parece haber olvidado que la democracia funciona con un equilibrio de poderes e instituciones autónomas, desinfectadas del interés partidario. Si todo se rige por las maniobras políticas nos arriesgamos a que mañana un loco extremista que tenga una bancada, como Antauro, coloque al país en un abismo.
