El mayor dilema del Jurado Nacional de Elecciones - JNE, es la consecuencia de su decisión final sobre el proceso de elecciones generales para elegir al presidente del Perú que gobernará el país por los próximos 5 años.
A estas alturas del partido con un clima político completamente polarizado, los magistrados del JNE deben pensar muy bien lo que vayan a decidir porque el remedio podría ser muchísimo peor que la enfermedad. En efecto, los reclamos por ambos partidos se han acrecentado buscando que sus pretensiones sean recogidas por la máxima autoridad electoral del país.
Mientras las denuncias de Fuerza Popular por evidencias de irregularidades y fraude crecen tomando dimensiones insospechadas que hasta se pide una decidida participación de la OEA y de la ONU en la fase técnico-jurídica (hay actas impugnadas y observadas), para asegurar que la voluntad popular sea respetada, la estrategia del Partido Perú Libre ha sido presionar al JNE para que proclame a su candidato presidente electo del Perú, y la más astuta forma de hacerlo, ha sido buscar reconocimientos de facto por alcaldes, gremios profesionales, empresariales, colectivos, y hasta de expresidentes de la región.
Debo insistir como hombre del derecho que la decisión del JNE, guste o no a los candidatos en competencia, deberá ser acatada pues está revestida de su naturaleza de acto de iure; sin embargo, allí ya no está el problema pues siendo de derecho, lo más probable es que quien sea ungido presidente carezca de la legitimación indispensable para personificar a toda la Nación peruana y no a la mitad, y entremos en una etapa de infierno político y social que perfectamente y con pantalones bien puestos, se podría evitar.
No debe ser mayor problema para sus miembros darse cuenta que podríamos entrar en una convulsión social. Los magistrados no pueden desconocer que el proceso de elecciones ha entrado en una etapa de manoseo escandaloso en el cual hasta por el propio presidente de la República que se ha vuelto a disparar a los pies al calificar de “elecciones limpias” a un proceso visiblemente cuestionado por las actuaciones de las partes, volviendo a romper la necesaria ponderación que su alta investidura exigía.
El JNE debe decidir con criterio, y sin que les tiemble el cuerpo, si optan por la nulidad de la segunda vuelta.
