La crisis que atraviesa el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia (la Junta) son sinérgicas; ambas instituciones gozan de autonomía constitucional, pero parecen alineadas a un mismo libreto. Una se refuerza con la otra. La Junta nombra a los fiscales y éstos son titulares de la acción penal, pero si su labor no se alinea en la forma como se viene conduciendo la persecución del delito de alta corrupción que azota el país, cuestionará su trayectoria pudiendo aplicarle un proceso disciplinario inmediato.
A diferencia del otrora Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta posee un blindaje paralelo a su condición de órgano constitucional autónomo. Se trata de un conjunto de instituciones privadas y personas con especial atención mediática compuesta por organizaciones no gubernamentales, activistas políticos en redes y medios, un conjunto de periodistas que realizan entrevistas condescendientes a sus defensores, hasta un expresidente capaz de interrumpir un viaje si hiciera falta.
El blindaje aludido es tan poderoso que produce un “modo teflón” contra cualquier documento, audio, o WhatsApp que no sume o pueda complicar sus intereses; simplemente, no produce reacción en el Estado de Derecho y sistema de justicia, no rebota en los medios de comunicación como una breaking news. El ejemplo más palpable son los indicios que cierto poder fáctico ejerce presión al Ministerio Público interfiriendo en sus funciones. En este caso, pocos medios lo mencionan, contados periodistas opinan, otros lo relativizan y cancelan al mensajero; tampoco se realizan investigaciones, menos pedir autorización judicial para incautar documentos. Nada, se aplica el modo teflón.
