Las recientes declaraciones de Salatiel Marrufo, exfuncionario del gobierno de Pedro Castillo, han añadido más incertidumbre sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 2021. Según dijo Marrufo a la Fiscalía, Dina Boluarte habría realizado coordinaciones con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y presuntamente influenciado para que este organismo favoreciera a Perú Libre. Esta acusación es un suceso gravísimo que debe ser tratado con la máxima seriedad y transparencia.
Es imperativo que el Ministerio Público lleve a cabo investigaciones exhaustivas y proporcione respuestas que estén a la altura de las expectativas de los peruanos. La ciudadanía merece conocer la verdad completa sobre estas acusaciones. En este contexto, la mandataria Dina Boluarte debe pronunciarse. Su silencio solo alimenta más dudas e incertidumbre. Hay que tomar en cuenta que la estabilidad política del país depende en gran medida de la confianza en que la presidenta actuará como la principal garante del Estado de Derecho y la democracia. La gravedad de las acusaciones exige una respuesta rápida y clara.
Las indagaciones sobre lo dicho por Marrufo deben ser llevadas hasta las últimas consecuencias. Esta versión, que se suma a las declaraciones del empresario Zamir Villaverde y otros colaboradores eficaces, debe ser contrastada con las evidencias disponibles en este caso. No es suficiente con simples declaraciones; se requiere una investigación profunda y transparente.
