El negocio de hacer política en el Perú

Tras las declaraciones del exjefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, es evidente que en nuestro país se ha convertido en un negocio rentable ser candidato a algo y participar en una elección, pues si la postulación tiene posibilidades de salir victoriosa, siempre habrá empresarios, proveedores del Estado o “benefactores” dispuestos a soltar dinero del que nunca habrá que rendir cuentas.

Ahí tenemos a inicios de este siglo la denuncia de que parte del dinero que llegó a manos de Alejandro Toledo para “recuperar la democracia” fue a parar a un banco de Carolina del Norte. Igual sucede con Ollanta Humala, pues muchos de los que participaron en sus campañas aseguran que nunca vieron los “beneficios” del dinero llegado de Venezuela o los $3 millones en efectivo dados por Odebrecht.

Queda claro que los sistemas de control de fondos de campaña han sido todo menos rigurosos y eficientes. La política no debería ser un negocio en el Perú, una herramienta vil para lograr la “inclusión social” en nombre de los pobres y la lucha contra la corrupción. Tenemos también el caso del aprista Luis Alva Castro, quien recibió dinero de los brasileños que, al menos formalmente, no ingresó a las cuentas del partido. ¿Se lo quedó él? ¿Lo compartió con otros?

A la política se entra para servir, no para sacar plata a fin de asegurar el futuro aunque no se gane. Esa época de los maletines con dólares que se quedan en casa o en cuentas bancarias personales tiene que ser parte del oscuro pasado que hemos venido a conocer con las corruptelas de Odebrecht y otras constructoras, que tuvieron la “virtud” de saber que en nuestro país muchos tienen un precio.