Viajaba de Lima a Chimbote en el penúltimo asiento de un bus interprovincial. A mi lado venían dos sujetos de dudosa apariencia y de lenguaje vulgar. Esta escena hubiera pasado desapercibida si no fuera porque horas después uno de los tipos dijo: "¿Cómo es con la obra, en qué quedaron con el tío de la empresa?". El otro individuo responde: Tiene que aflojar, le he dicho que si no suelta el billete lo vamos a apretar en serio pe, además la chalequeada cuesta" Esta es la realidad que se viene desarrollando en nuestra provincia.
El chalequeo, como ahora lo llaman, se ha convertido para los delincuentes en el mejor negocio de sus vidas. Ahora resulta que las obras públicas no pueden ejecutarse si no se paga una fuerte cantidad de dinero a un grupo de lacras que ve en la ejecución de una obra pública la manera más fácil de obtener dinero a través de la extorsión.
Pero, cómo hemos llegado a esta situación de completa vulneración y desamparo, al extremo de vernos obligados a transar con delincuentes avezados que se ufanan en su miseria de llamarse chalecos. Estas lacras jamás han recibido una capacitación de seguridad personal. Creen que su poder y experiencia proviene de sus ingresos a un penal, de portar una arma y, de no dudar en meterle un balazo a quien no acepte sus extorsiones.
Tenemos que reconocer que gran parte de la responsabilidad de estos hechos recae en la cabeza de las autoridades ? municipales o regionales ? públicas, de los empresarios constructores y de su nula capacidad de enfrentar una nefasta realidad que venía creciendo desde años atrás. Sin embargo, optaron por darle las espaldas y dejarse llevar por la corriente aceptándola como práctica común.
Ahora los delincuentes se creen con el derecho de decidir el destino de las obras públicas, si éstas se paralizan o no, del número de cupos de trabajo y, en último caso, de desgraciarle la vida a quien no comparta sus políticas de terror.
Existen muchas formas de engendrar terror y de desestabilizar un país, recordemos cuando SL dinamitaba torres, puentes y ejecutaba autoridades por no pagar cupos; ahora la lucha no es por ideología, sino por el dinero fácil. Esto, señores, es una manera de vivir a través del terror y del chantaje. Los gobiernos del mundo entero tienen como política no negociar con terroristas ni delincuentes, no obstante esta premisa no es aplicada en nuestra localidad. Aquí quienes cuidan las obras públicas son delincuentes, ¿pero, de quién?, pues de ellos mismos, supongamos entonces que los bancos tengan que pagar a las bandas de asaltantes por su seguridad, pues es justamente eso mismo lo que está sucediendo en la ejecución de las obras públicas.
Finalmente, ¿quiénes son los más perjudicados si estas prácticas del lumpen no se detienen? La respuesta es evidente, los pobladores de las zonas más necesitadas que se ven afectados ante la postergación de las obras, así como la concreción de una práctica miserable y vil, que lo único que causa es el enriquecimiento de un grupo de parásitos extorsionadores y la entrega de obras mal ejecutadas ¿De dónde creen que saldrá el dinero para pagar a estas lacras?, pues de la propia obra, sacrificando la calidad de los materiales así como la capacidad técnica en su ejecución y en algunos casos los sueldos de los trabajadores. Es hora de tomar conciencia de esta realidad y exigir a nuestras autoridades que dejen de promover estas prácticas ? extorsión sistemática - con su política de mirar al costado como si nada apestara.
