La Academia Diplomática del Perú (ADP), donde se forman profesionalmente nuestros futuros diplomáticos de carrera, recientemente ha celebrado el 60° aniversario de su fundación y, porque soy un hombre de principios, diré lo que nadie se atreve. El nombre de la ADP “Embajador Igor Velásquez Rodríguez” (IVR), decidido por el Estado peruano mediante Resolución Ministerial N° 0435 (2004) y ratificado por la Resolución Suprema N° 297 (2005), contando, además, con la aprobación unánime de las tres instituciones gremiales de nuestros diplomáticos -del Perú, actividad y retiro-, fue arbitrariamente cambiado por la denominación “ADP Javier Pérez de Cuéllar” por disposición de los dos García, el presidente y el canciller, en el 2011. Eso jamás se hace. Nadie discute los laureles del ex secretario general de la ONU. Cuando se decidió el nombre IVR, el embajador JPC, que ya era figura, estuvo implícitamente de acuerdo, por lo que nunca debió aceptar esa particular oferta. La diplomacia peruana quiso perennizar el ejemplo del filántropo e impecable IVR, por cuyo desprendimiento la ADP goza de una digna sede propia que en 50 años no tuvo. Acompañé a mi maestro, Gonzalo Fernández Puyó, secretario de la ADP en el acto de su creación (1955), en la ceremonia en Torre Tagle aquel 25 de junio de 2004 cuando solemnemente, y en presencia del ilustre Allan Wagner y de doña Maruja, la viuda del emblemático Carlos García Bedoya, quedó sellado el nombre de la ADP IVR. La canciller Sánchez, para no ser cómplice por omisión, debería honrar la palabra empeñada de la diplomacia peruana corrigiendo el error que golpeó a la memoria y a la familia de IVR.
