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La crisis política gatillada por los audios del Poder Judicial ha sido convenientemente dosificada por una mente oculta para lograr un objetivo concreto: el cierre del Congreso y la destrucción de Fuerza Popular. Se ha reconfigurado un gran frente polipartidista en el que se reimprime la alianza que llevó al presidente Kuczynski al poder. Por un lado el liberalismo vargasllosista en sus versiones moradas y mediáticas, y por otro la izquierda de Verónika Mendoza, heredera del proyecto nadinista. Este contubernio líbero-izquierdista es el núcleo del frente policlasista que intenta destruir la viabilidad de Fuerza Popular como opción política. Se trata de un esfuerzo de élite, con poco respaldo popular, que ha logrado una práctica unanimidad mediática en función de sus lazos con el escándalo de Odebrecht y la ley de medios.

La clase dirigente pactó con Odebrecht durante los últimos veinte años. Este pacto se tradujo en la dimensión empresarial y tuvo un correlato mediático y político. Odebrecht es fundamental para comprender la política del Perú desde la caída del fujimorismo. Como es natural, los aliados empresariales de Odebrecht están interesados en licuar su responsabilidad en un escándalo de corrupción continental empleando los audios nacionales como coartada. Y lo han logrado momentáneamente. Lo que no se logrará ocultar por más que se intente es que todo se llegue a saber con relación a la corrupción de Odebrecht. Es tal la cantidad de información que genera responsabilidad que ninguna maniobra política logrará ocultar los pactos bajo la mesa que proliferan para enterrar la huella de Lava Jato.

El Congreso debe resistir y los procedimientos deben cumplirse. Todo dentro de la Constitución. Nada fuera de ella.