Qué lástima que nuestro país, embarcado en un sostenido y milagroso crecimiento económico, tenga en contraparte instituciones que constantemente colisionan, invaden jurisdicciones, trastocan sus misiones y visiones y, por ende, atentan contra la gobernabilidad y el bienestar general.

Si del Poder Ejecutivo se trata, consabida es la enorme deuda que tiene Ollanta Humala con la población, al no haber podido copar las expectativas que lo llevaron a Palacio, y ahora hasta se conoce que quien mangonea a los ministros no es él, ni el premier Cornejo, sino la Primera Dama y presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia. Y eso no está permitido en la Constitución.

El Legislativo anda de mal en peor. Las funciones inherentes a un "padre de la patria", como son gestar leyes utilitarias, fiscalizar el manejo de los recursos públicos, y representar con creces a quienes los eligieron son letra muerta. Se impone el escándalo, la pelea barata, la repartija y el griterío en pleno. ¿Cómo es posible que no puedan elegir a un Defensor del Pueblo?

Y el Poder Judicial se disputa con el Congreso el título de la institución más desacreditada, según todos los sondeos de opinión ciudadana. La justicia no es justicia, tarda y no llega. La corrupción entre los juzgados y tribunales advierte más raíces que un muérdago. Y, de la mano con el Ministerio Público, tiene al Perú sin ley ni orden (por ejemplo en Áncash).

Ahora tenemos un enfrentamiento entre el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el Tribunal Constitucional (TC) por el nombramiento de un juez supremo. Esto refrenda lo que estamos planteando: que hay una dañina convergencia de instituciones que contribuye al pandemónium que gobierna al Perú.