Para los maleantes extranjeros, especialmente los venezolanos que han llegado a darle una puñalada al suelo que los recibió con los brazos abiertos en medio de dictadura que manda en su país, el Perú debe ser un territorio muy atractivo teniendo en cuenta que si son arrestados, siempre habrá jueces y fiscales dispuestos a dejarlos en libertad, y también fronteras que nadie vigila, como para que escapen una vez que la cosa se le ponga difícil y en teoría tengan a la Policía Nacional siguiéndoles los pasos.
Ejemplos tenemos varios. Nunca olvidemos que ese engendro apodado “Maldito Cris” mató a un valeroso sereno de Santiago de Surco luego de haber salido en libertad gracias a una fiscal, a pesar de que se sabía de su alta peligrosidad. Sus cómplices, varios de los cuales habían alquilado una casa al sur de Lima, también fueron tratados con guantes de seda por un sistema de justicia que se ha convertido en cómplice, para indignación de todos los peruanos.
Un caso más reciente lo hemos visto con la benevolencia con que el sistema de justicia ha tratado a los maleantes que cayeron en el “Búnker de Pachacámac” con armas y drogas. Hoy todos están en libertad, y no creo que ensayando para cantar villancicos en esta Navidad. Lo positivo es que la jueza que los mandó a la calle hoy ha sido echada del cargo, en una medida que debería ser más frecuente para limpiar al Poder Judicial y al Ministerio Público de quienes se ponen de espaldas a la ciudadanía.
De los que se fugaron con suma facilidad a pesar de que acá nos decían que su detención era “cuestión de horas” tenemos al feminicida Sergio Tarache, que finalmente cayó en Colombia sin que nadie nos explique cómo así logró escapar. No olvidemos a Wanda del Valle, quien también fue arrestada en el mencionado país vecino. Habrá que ver si en algún momento se hace realidad la extradición o expulsión de estos indeseables, para que paguen sus culpas en el Perú.
Tenemos leyes maravillosas para sacar de circulación a los maleantes, peruanos y extranjeros, pero el problema son las personas encargadas de la administración de justicia. Así como son rápidos para mandar a la cárcel a policías que con sus armas de reglamento abaten a delincuentes, deberían ser severos con asesinos, secuestradores, ladrones y extorsionadores. Y si tan preocupados están por los derechos humanos de estos criminales, los jueces y fiscales bien podrían llevarles fruta y comida, pero a un penal.
