En cualquier país con electores que se respeten, una agrupación política como Juntos por el Perú, que encabeza Roberto Sánchez, exministro de Pedro Castillo, debería ser sancionada en las urnas por burlarse de los ciudadanos al llevar en sus listas al Congreso a gente nefasta y por reivindicar las andanzas del profesor condenado por golpista.

Un partido que saque cara por quien ha pretendido dar una patada a la Constitución para instaurar una tiranía, merece el desprecio de quienes creen en la democracia, las libertades y los derechos humanos. Con esto no debería haber medias tintas ni lugar a las interpretaciones, y menos cuando hay una condena de por medio.

Dar poder a Sánchez o a cualquiera que venga en su partido –y que lógicamente está de acuerdo con el desprecio a la democracia que profesa su líder– equivale a sembrar en el Estado a verdaderos petarderos de la legalidad y el orden constitucional, y hasta pagarles un sueldo para que saboteen el Perú desde adentro.

Esta gente debe ser rechazada por estar del otro lado, lejos de lo que es mejor para el Perú, que es la democracia y el sistema que hoy impera, por más que haya errores que deben ser corregidos, pero sin salir de los cauces de la legalidad.