El Derecho como instrumento de la convivencia social es esencialmente dos cosas: coerción (amenaza y/o advertencia) y coacción (uso de la fuerza). Sin ellas, el Derecho no vale para nada y abre espacios para el desorden social (anarquía), donde impera la barbarie. Así pues, el Derecho le sirve al Estado, que es la sociedad jurídicamente organizada, es decir, una sociedad donde las relaciones humanas están fundadas en el imperio de las normas jurídicas que todos debemos respetar. Si alguien colisiona contra esas reglas, entonces será objeto de la acción del Derecho y merecerá la censura y el reproche social, que no es otra cosa que el castigo o sanción. Ello explica por qué las tres personas recientemente detenidas por agredir a la autoridad policial fueron enmarrocadas, limitándoles su libertad con pleno ejercicio de la violencia legítima, que es un atributo exclusivo del Estado. Lo anterior funciona en cualquier sistema jurídico, como el romano-germánico, que es el nuestro, y está basado en lo que diga el código o la norma jurídica escrita; el anglosajón, que se aplica en EE.UU. y en el que impera el criterio y la práctica, bases de la casuística; o el islámico, donde se impone el Corán. Los tres sistemas son eficaces en el medio social en que se aplican, pero algunas veces es necesario realizar ajustes. Así como está la ley peruana, habrá mayor hacinamiento carcelario. Urge modificar la norma con sanciones que incluyan pagos de fianzas, limitaciones financieras y tareas y trabajos comunitarios. No es un asunto de proporcionalidad, porque la ley así está prescrita y debe cumplirse sin discusión, sino de criterio para el mejor y más justo Derecho.