Mientras hay claros indicios que la economía peruana está en recesión, el Perú afronta hoy otro capítulo más de protestas y convulsión. Mala señal en estos tiempos que la mayoría de peruanos quiere paz y tranquilidad social para desarrollar con normalidad sus actividades diarias.
“Las protestas solo traerán más pobreza y desagracia”, dijo el presidente de las Rondas Campesinas. “Perdemos millones por paralización”, precisó el presidente de la Cámara de Comercio de Pichanaqui, Junín. Estas frases, a la que se adhieren muchas organizaciones y empresarios de todos los niveles, grafican el sentir de millones de ciudadanos en esta coyuntura llena de incertidumbre e inestabilidad.
Es evidente que las manifestaciones son una expresión legítima de la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica, que están protegidos por la Constitución. El problema es cuando aparece la violencia, que solo perpetúa la división y la descomposición del país. Canalizar cualquier descontento con vandalismo y destrucción es un camino peligroso, que tira al abismo la democracia.
El Perú no puede volver al caos, a los actos violentos que cortan carreteras, incendian y destruyen edificios públicos y privados, que toman aeropuertos y que producen muertes. El Gobierno tiene hoy, más que nunca, la posibilidad de demostrar su don de mando y hacer valer el principio de autoridad, frente a grupos extremistas que quieren reinaugurar la violencia en nuestras calles.
