En su mensaje al Congreso, la presidenta Dina Boluarte dijo que “nadie está a salvo ahora de la delincuencia. La seguridad ciudadana es el problema número uno”. Sus palabras, sin ninguna duda, sintonizan con el pedido principal de los peruanos. Inmediatamente, la mandataria presentó un proyecto de ley al Parlamento para legislar sobre seguridad ciudadana durante 120 días. Por supuesto las reacciones son disímiles. Algunos aplauden y la alientan a aplicar el modelo Bukele, el presidente de El Salvador, que redujo los índices de criminalidad drásticamente en su país. Otros dicen que es peligroso porque se puede afectar los Derechos Humanos.
Justo ayer se publicó en el diario El País de España un crónica en el que El Salvador “vive en un Estado policial, sin derechos ciudadanos y bajo censura”, y da cuenta que la colección de cuentos “Sustancia de hígado”, de la escritora salvadoreña Michelle Recinos, fue vetado ya que en uno de sus capítulos llamado “Barberos en huelga”, se relata “una dramática y terrible historia que narra cómo los hombres -vendedores ambulantes, dependientes de tiendas, ayudantes de barberos y choferes- desaparecen al ser detenidos por vincularlos con los maras. Un recuento de una realidad infernal en un país donde han sido detenidas más de 77 mil personas, se han suspendido las garantías ciudadanas, se ha militarizado la seguridad...”.
La propuesta de la “policía de orden y seguridad” es arriesgada. El ministro del Interior, Vicente Romero, explicó que se incorporará a reservistas a la PNP y se dedicarán a patrullar las calles. Cuidado que las urgencias se conviertan en desesperación y se vuelvan locos para resolver el problema. El remedio puede ser peor que la enfermedad.
