El 3 de febrero, Carmen Omonte (presidente de la comisión encargada de proponer un proyecto de reforma integral del sistema previsional), solicitó a la mesa directiva del Congreso que la propuesta elaborada por dicha comisión sea exonerada de revisión en comisiones, y sea debatida directamente en el Pleno del Congreso.
Es evidente que el tema pensiones seguirá siendo en el 2021 una piedra en el zapato del país. Esto es positivo, pues se ha evidenciado que urge una reforma del sistema de pensiones. Sin embargo, la reforma que necesitamos (además de ser integral) debe contar con el consenso necesario para ser sostenida en el tiempo. La propuesta elaborada por la Comisión Omonte no responde a las recomendaciones del MEF, BCR, SBS, o las AFP.
Entre otras cosas, el anteproyecto es criticado por proponer la unificación del las AFP y la ONP bajo un nuevo Sistema Integrado Universal de Pensiones, en el que la cuenta de un afiliado se divide entre un fondo individual y uno colectivo. Si bien el fondo individual se gestiona por privados, la administración del sistema la gestiona una entidad pública, la Autoridad del Sistema Integrado de Pensiones. En términos simples: el Estado decide los términos para la gestión del sistema de pensiones.
Además del contenido de la propuesta (que considero poco conveniente), su discusión a 2 meses de las elecciones generales potencia la politización del tema (tema que, dicho sea de paso, ha sido explotado políticamente todo el año pasado).
Una reforma de este corte -que atañe los ahorros y el futuro de los contribuyentes- tendría que estar lo más alejada posible de narrativas políticas y tintes ideológicos, para estar más bien enfocada en los aspectos técnico. Es hora de tomarse las cosas importantes seriamente. Procuremos que se deje de jugar con las expectativas de los contribuyentes. No permitamos que esta propuesta prospere.
