Mañana se debatirá en el pleno la insistencia de la ley para la devolución de aportes a la ONP. Asimismo, el presidente Sagasti ha sostenido que, si llega a ser aprobada, el Ejecutivo la llevará al Tribunal Constitucional.

Esta no sería la primera ley -aprobada por una abrumadora mayoría en el Congreso- en ser declarada inconstitucional. La Ley 31018 que suspendía el cobro de peajes, fue declarada inconstitucional por el TC el 9 de junio. Asimismo, el Ejecutivo interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31039, de asensos automáticos en salud (que aún no ha sido resuelta por el TC).

Estas son leyes que fueron aprobadas con una mayoría aplastante de votos a favor, a pesar de contar con claros problemas de viabilidad legal u operativa, y a pesar de que probablemente -a nivel personal- muchos de los congresistas sepan que estas normas son poco convenientes en términos institucionales.

Similarmente, la ley para la devolución de aportes a la ONP desconoce los argumentos técnicos a los que está subordinada la viabilidad de la misma, pero aún así fue aprobada el 24 de agosto con 106 votos a favor, 3 en contra y 15 abstenciones (resaltemos que el entonces Congresista Sagasti votó en abstención).

La aprobación de esta norma tiene un costo demasiado alto y la inminente declaratoria de inconstitucionalidad debería ser suficiente para que el Congreso no la apruebe. No se puede fabricar expectativas en una población -afectada económicamente por una crisis- mediante una propuesta que carece que viabilidad operativa.

Pidámosles a los congresistas votar con espíritu crítico y no en perjuicio de la institucionalidad y estabilidad del país.