En los próximos días el Pleno del Congreso decidirá si se retorna en el 2011 al sistema bicameral que se interrumpiera el 5 de abril de 1992, cuando Fujimori en una decisión anticonstitucional, decretó la disolución del Congreso, a sabiendas que le sería adverso en sus planes perversos de establecer una dictadura cívico-militar al no contar la bancada oficialista de "Cambio 90" con mayoría parlamentaria.
Los congresistas deberán discutir sobre la conveniencia de contar, a partir del 28 de julio de 2011, con un Parlamento de 170 miembros, de los cuales 120 serían diputados y 50 los senadores. Se pretende con esta modificación mejorar la producción legislativa que en la actualidad deja mucho que desear y hacer una mejor selección de candidatos, en vista de la conducta dudosa que desde algún tiempo vienen demostrando algunos congresistas involucrados en actividades ilícitas, ha contribuido a mancillar aún más la credibilidad del desprestigiado Primer Poder del Estado.
Hasta antes del golpe fujimontesinista del 5 de abril, el Congreso según la Carta Magna de 1979 estaba conformado por 240 parlamentarios, divididos en 180 diputados y 60 senadores. La Constitución de 1993 estableció un Congreso Unicameral de 120 integrantes elegidos mediante el distrito electoral múltiple.
La presencia de las dos cámaras, la de diputados o cámara baja -que discute y aprueba proyectos de ley- y la de senadores o cámara alta -que revisa los planes de ley-, garantizaría una mejor calidad de los dispositivos legales con el fin de reducir las imprecisiones, vacíos legales y falta de eficacia que han caracterizado el trabajo parlamentario bajo el sistema unicameral.
Lo cuestionable del retorno a la bicameralidad sería el incremento del presupuesto del Congreso para atender los emolumentos y gastos operativos de un mayor número de "otorongos" -muchos de ellos sin mayores atributos intelectuales como para desempeñar tan honroso cargo- en momentos en que el Gobierno está aplicando medidas de austeridad en el gasto destinado a la administración pública.
La presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, considera que los costos de tener un Congreso con dos cámaras no son determinantes al momento de iniciar un debate para fortalecer la estabilidad del sistema democrático a través de de la bicameralidad. Según Cabanillas, debería de pensarse en cuánto costaría no hacer las cosas, en vez de cuánto costaría hacerlas.
Si el Pleno del Congreso en el momento del debate pensara en el gasto que generaría incrementar el número de parlamentarios, alguno de sus miembros pudiera plantear la posibilidad de retornar al Congreso de dos cámaras, pero con el mismo número de congresistas -es decir 120- fraccionado en 90 diputados y 30 senadores.
Un mayor número de legisladores no es sinónimo de un trabajo de mayor calidad, sino la capacidad de cada Padre de la Patria. Además de que económicamente sería lo más conveniente para la Caja Fiscal.
