Lo ocurrido en Ecuador es terrible. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio demuestra la escalada del sicariato y el crimen organizado en ese país, pero también es una alerta para el Perú, donde los asesinatos, extorsiones y secuestros se incrementan mes a mes. Ante este panorama, el potencial riesgo de que una situación similar se desarrolle en nuestro territorio debe llamar la atención de las autoridades. Es importante que el Gobierno tome medidas decisivas para combatir la criminalidad, ya que su aumento puede erosionar la gobernabilidad, la democracia y el poder del Estado.
Es evidente que la corrupción y la falta de recursos para hacer cumplir la ley pueden permitir que las redes criminales operen con impunidad y expandan su influencia.
Hoy por hoy nuestras fuerzas del orden son ineficaces ante el crimen y necesitan apoyo urgente. Quizá por eso, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, anunció hace poco que el próximo año se destinará un presupuesto histórico para luchar contra la inseguridad ciudadana. Esperemos que sea así, pero mientras tanto ¿qué hacer?
La guerra contra las mafias debe ser un objetivo primordial para el Gobierno de Dina Boluarte. El hecho de que el crimen organizado pueda tener más poder que el Estado es un problema grave, ya que esto socava la capacidad de las autoridades para mantener el orden, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y aplicar la ley de manera efectiva. La presencia de estas fuerzas delictivas puede minar la confianza en las instituciones gubernamentales y debilitar la estructura misma del Estado.
