La postura firme y cerrada de la presidenta Dina Boluarte en defensa de su hermano Nicanor se desvanece frente a la contundencia de los hechos. En un intento casi desesperado, la mandataria insta a dejar de difamar a su familiar y exige al medio de comunicación que llevó a cabo una investigación periodística, señalando el presunto uso de prefectos y subprefectos para la inscripción de un partido político, que presente pruebas.
La revelación de pruebas, que incluyen audios, testimonios y chats, vinculando a Nicanor Boluarte con este escándalo, donde se emplean autoridades públicas para fines políticos específicos, no solo coloca al hermano de Dina Boluarte en una posición comprometedora, sino que también provoca una respuesta contundente por parte de la Procuraduría Pública Anticorrupción de la región San Martín. Esta entidad ha solicitado la apertura de investigaciones contra Nicanor Boluarte por presunto delito de tráfico de influencias. Esperemos que se llegue hasta las últimas consecuencias y se sancione a los responsables.
Sin embargo, lo que resulta llamativo es el ensordecedor silencio que prevalece en el Congreso. La Comisión de Fiscalización, conocida por su activismo en otros casos, parece sumida en una pasividad desconcertante en esta ocasión. Su falta de pronunciamiento levanta serias interrogantes sobre su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
