El país se encuentra en una situación muy delicada no solo por los salvajes actos de violencia que está sufriendo la propiedad pública y privada, aparte de las brutales agresiones a efectivos de la Policía Nacional. El otro gran problema es el bloqueo de carreteras en diferentes regiones del país, lo que complica el abastecimiento de productos básicos y la libre movilidad de las personas.

En Ica la situación es crítica, al igual que en Arequipa, Puno y Madre de Dios, donde incluso se ha puesto en peligro el proceso de potabilización del agua que toman las personas. En el norte, la Panamericana es cerrada constantemente por varias horas al sur de Trujillo, sin que las empresas de transporte ni los pasajeros sepan si podrán llegar a sus destinos sin novedad.

Para la estratégica actividad minera la situación de torna muy compleja, pues no solo se han atacado campamentos como los de Antapaccay, sino que el bloqueo de vías impide el traslado de insumos para la extracción, así como el retiro de minerales para su comercialización.

Desde un inicio en Correo hemos señalado que una cosa es protestar contra un gobierno y exigir mejores condiciones de vida, y otra es atacar, destruir e impedir el paso por una carretera incluso para gente que requiere atención médica.

El gobierno, ya sea apelando al diálogo o al uso de la fuerza que permite la ley, está en la obligación de actuar y acabar con esta situación insostenible para el Perú.