Los últimos proyectos de ley del Congreso han hecho mucho ruido. Se han dictado normas para disponer de recursos económicos del Estado, pero no se ha previsto la disciplina fiscal. Ante ello, algunas instituciones se han puesto en tela de juicio estas decisiones. La Defensoría del Pueblo manifestó que el retiro de fondos de la ONP “afecta el derecho fundamental a una pensión de las personas adultas mayores”. En tanto la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, reveló que “la emergencia no es carta libre para olvidar las reglas de un Estado constitucional”.

El TC jugará un papel importante en los siguientes días. Hace poco declaró inconstitucional la norma que suspende el cobro del peaje. Todo hace suponer que también revisará el proyecto del Congreso sobre las devoluciones de la ONP. El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, ya adelantó que si la ley es observada por el Ejecutivo ellos irán por la insistencia y entonces “seguramente la llevarán al Tribunal Constitucional (…) Nos tocará defenderla hasta las últimas consecuencias”.

El Congreso ha impuesto, con su capacidad de voto, la facultad de tomar decisiones de gasto. Creemos que este conjunto de desafíos que asume rebasan lo que está en condiciones de resolver. Lo dice la Constitución. Sin embargo, lo principal en este momento es evitar la incertidumbre y la inestabilidad.

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