El terrorismo no solo es imputable al Estado Islámico en el Medio Oriente o a Sendero Luminoso en el Perú. No. La práctica del terror también la han realizado determinados Estados para lograr sus macabros objetivos. Por el terrorismo de Estado, la coacción (fuerza) y la coerción (amenaza) legítimas, que deberían estar al servicio del Estado en un marco del puro Estado de Derecho, resultan en instrumentos letales para las dictaduras. Augusto Pinochet en Chile, Jorge Videla en Argentina, Alfredo Stroessner en Paraguay, Ernesto Geisel en Brasil, Hugo Banzer en Bolivia y Francisco Morales Bermúdez Cerruti en Perú fueron involucrados en el sonado caso del Plan Cóndor. Según organizaciones de derechos humanos, actuaron por el “fin justifica los medios”, que calzaba muy bien en sus propósitos de acabar con los comunistas y las facciones subversivas en sus países, eso que EE.UU. veía como una seria amenaza para una región que estaba dentro de su ámbito de influencia. Han pasado los años y recientemente una Corte italiana ha condenado a cadena perpetua a más de 8 militares de esa época, entre los que se encuentra Morales Bermúdez. Italia podría iniciar el proceso de extradición pasiva que dependerá del Perú, pues el exdictador peruano se encuentra en Lima. La Corte Suprema de Justicia deberá calificar la procedencia o no de la extradición, pero será el Gobierno del Perú el que formule la última palabra, de llegarse a estas circunstancias. Morales Bermúdez ha sido sancionado con cadena perpetua por la desaparición en el Perú de activistas de izquierda argentinos de ascendencia italiana. La condena existe por lo que técnicamente es culpable. Si decidiera salir del Perú, sería detenido por la Interpol con enormes posibilidades de ser extraditado a Italia y recluido en una cárcel de ese país hasta el final de su vida.