Cada vez que ciertos sectores de la izquierda peruana se quedan sin propuestas concretas para enfrentar los problemas del país, reaparece el viejo recurso político de la asamblea constituyente. Como si cambiar la Constitución fuera, por sí solo, la solución automática a la pobreza, la inseguridad, la informalidad o la falta de oportunidades. Ayer volvió a insistir en ello Roberto Sánchez, presentando esta propuesta como una especie de fórmula mágica capaz de conducir al Perú hacia la prosperidad y la justicia social. Sin embargo, la experiencia demuestra que los países no progresan únicamente cambiando sus cartas magnas, sino fortaleciendo instituciones, promoviendo inversión y construyendo estabilidad.

Más preocupante aún resulta que Sánchez haya admitido compartir esa iniciativa con Antauro Humala, figura que simboliza el radicalismo y la confrontación antisistema. Esa cercanía política enciende legítimas alertas sobre el rumbo que podrían tomar propuestas que, lejos de unir al país, profundizarían la polarización y la incertidumbre. En momentos en que el Perú necesita confianza para recuperar crecimiento y empleo, insistir en discursos refundacionales parece más una estrategia de agitación política que un verdadero proyecto de desarrollo nacional.

Es cierto que la Constitución puede ser perfectible y que existen reformas pendientes. Pero también es cierto que convertir el debate constitucional en eje central de campaña suele funcionar como un atajo populista para evitar discutir temas más urgentes y complejos.