En noviembre pasado, cuando la campaña arrancaba, aquí publiqué la columna "2011: Estrategias y candidatos", donde afirmaba: "Si las encuestas no nos han engañado, una de las pocas afirmaciones que se puede hacer respecto a las elecciones presidenciales del próximo año, es que Keiko Fujimori debe pasar a la segunda vuelta electoral. Sus consistentes niveles de aprobación en los sectores D y E, al igual como sucede en importantes regiones del interior del país, son los fundamentos de esta afirmación".
La división de la centro derecha, y su incapacidad para lograr un acuerdo cuando ya las cifras daban señales (cuando se necesitaba el diálogo y la negociación, hubo quien se limitó al infantil "yo no renuncio, renuncia tú") han puesto a Humala nuevamente en la segunda vuelta. Y al igual que hace cinco años, se enfrentará a un candidato que carga con un pasivo por una gestión gubernamental cuestionada. La resistencia que tenía hace cinco años Alan García la venció entendiendo el mensaje de las urnas que le requería incorporar nuevos actores, y tranquilizar a los mercados.
Pero este proceso nos obliga a realizar una verdadera evaluación de ciertos actores que nos deben una explicación. Las encuestadoras son un caso. Si bien en su momento opinamos contra la regulación excesiva, es obvio que se requiere establecer algunas reglas contra "incentivos incorrectos". Por ejemplo, la encuestadora que trabaja para un medio debe estar imposibilitada de ofrecer sus servicios para los candidatos, y si lo hace debe decirlo expresamente. "Conflicto de interés", que le llaman.
Lo sucedido durante "el período de silencio" es un claro ejemplo donde la regulación debe actualizarse. Idice lanzó una donde colocaba a un candidato, que no pasó a la segunda vuelta, en el segundo lugar. Otras, se supone que las más prestigiosas, lanzaron el sábado encuestas que ubicaban la diferencia entre el segundo y tercer lugar en un caso a un punto de diferencia, y en el otro a escasas décimas. Estas encuestas que circularon profusamente por internet promovieron el cambio de votos a favor de uno de los que disputaban el segundo lugar. La realidad ha señalado que la diferencia entre el segundo y el tercero está cerca de los cinco puntos porcentuales. ¿Pueden estas empresas sostener un error de 1000% y de 400%, a tan sólo pocas horas de la elección? ¿Volverán con la historia de la volatilidad y de que se escoge en la cola? Esas encuestas de último momento deben estar prohibidas hasta que den una explicación seria y técnica sobre lo sucedido.
Otro tema: los fondos de campaña. Todos declaran un presupuesto que luego reconocen sobrepasado, pero que es obvio que lo que reconocen tampoco logra cubrir lo invertido. Aviones privados, publicidad en TV, mítines, y miles de carteles no pueden ser cubiertos con lo acreditado ante las instancias oficiales. Hay candidatos al Congreso que han gastado mucho más que varios candidatos presidenciales y que no han explicado de dónde vienen los fondos.
Y debemos revisar el papel jugado por los medios. Hay algunos que legítimamente optan, pero otros que -creados sólo con fines electorales- han ensuciado la campaña inaceptablemente. Además queda la banalidad del debate que empujan reporteros preocupados siempre por lo accesorio y nunca por el fondo.
Nos enfrentamos a una segunda vuelta donde quienes han logrado pasar deberán mostrar algunas alianzas que sirva de garantes ante aquello que en la primera vuelta no optaron por ellos. Pero sobre esto, todavía hay tiempo para observar.
