Culminada la primera vuelta del proceso electoral para elegir fórmula presidencial, congresistas y parlamentarios andinos del periodo 2021-2026, ya podemos afirmar que la reforma política que nos impuso el funesto gobierno de Vizcarra, elaborada por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, ha devenido en un rotundo fracaso, y nos ha puesto en una situación peor a la que pretendieron resolver.

El objetivo de tener partidos políticos más fuertes y representativos para una mayor institucionalización de la política, no solo no se ha cumplido, sino que, peor aún, ha resultado perjudicial al sistema político.

Cabe, para los efectos, dos ejemplos: La democracia interna y el proceso de selección de candidatos en los partidos políticos, realizados el 29 noviembre del 2020 se llevaron a cabo con escasa competitividad y endeble representatividad, dado el gran ausentismo de los militantes, registrando una participación menor al 10% en promedio. El cambio de sistema de selección de candidatos no pudo evitar incurrir nuevamente en la postulación de personas ajenas a la estructura partidaria, y la utilización de varios partidos como “vientres de alquiler” por parte de políticos inescrupulosos cuyo único objetivo fue buscar impunidad.

En lo que respecta a la cancelación del registro de organizaciones políticas, la nueva norma introducida por Ley N° 30995 ha dispuesto que la cancelación se produce “al concluir el último proceso de elección general” si no se hubiera alcanzado al menos cinco representantes al Congreso en dos circunscripciones electorales y, al menos, cinco por ciento (5%) de los votos válidos a nivel nacional”.

Sin embargo, no se condice con la Ley Orgánica de Elecciones que dispone que los partidos políticos podrán acceder a la distribución de escaños del Congreso si alcanzan al menos siete representantes o haber obtenido al menos cinco por ciento (5%) de los votos válidos a nivel nacional, lo que nos pone en la posibilidad de que un partido político obtenga las siete curules pero no alcance el 5% de la representación nacional, con lo cual tendríamos una representación parlamentaria de un partido que dejaría de existir por cancelación de su registro, lo cual sería un absurdo. Corresponde al nuevo Congreso revisar detenidamente esta reforma política absolutamente cuestionable.

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