El artículo 176 de la Constitución dice a la letra que “El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa”. Pues hasta ahora, eso no sucede. ¿Nuestro organismo rector de los comicios, va a seguir refugiándose en la letra chica de la ley ante este panorama que se nos viene? La prioridad es un sola ahora: que las elecciones sean, y parezcan, limpias para todos.
Pasadas ya dos semanas sin resultados finales de las elecciones del pasado 6 de junio, los comicios han resultado tan cuestionados, que sea cual fuera el dictamen final del Jurado Nacional de Elecciones, inevitablemente medio país sentirá que le cometieron fraude. Posición de perder-perder del Perú, con cualquier resultado, enfrentando una encrucijada para la cual, las normas vigentes y el marco institucional, pueden perfectamente no estar preparados
Tanto es así que ya empiezan a aparecer denuncias judiciales contra el ente rector de las elecciones; y hasta un pronunciamiento de ex oficiales de alto rango en condición de retiro que motivó una apresurada respuesta del propio Presidente de la República.
Esto avizora un panorama mucho más oscuro, donde el menos importante de los problemas sería el nombre del futuro presidente. El verdadero problema que asoma es el de la gobernabilidad. Es el asunto de fondo.
Llegados a este punto, hubiese sido mejor que la definición de la segunda vuelta fuera por un holgado margen. No nos estaríamos cuestionando nada y aunque muchos estarían tristes, se resignarían al final pensando que la mayoría de compatriotas obtuvo lo que quería. Pero en este caso no es así. La sensación que quedará es la de medio país engañado. Y donde no hay justicia, se siembra la semilla de la violencia.
