El pasado viernes, mientras la resurrección del prófugo financista y amigo del presidente Castillo, Alejandro Sánchez Sánchez, acaparaba casi toda la atención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta del ingreso de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el mandatario.
Ahora, este grupo de trabajo deberá evaluar el documento en el que la Fiscalía sostiene que Pedro Castillo Terrores es el autor del presunto delito de organización criminal agravada por su condición de líder, contra la administración pública y delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad de colusión, todos en agravio del Estado.
El problema es que hay tres personajes cuestionados en la subcomisión y si bien la bancada de Acción Popular evaluará la permanencia de Darwin Espinoza, Ilich López y Jorge Flores en ese grupo de trabajo, dice mucho que estos no hayan dado un paso al costado y sea la presidencia del Congreso la que emitió un documento revelando el nombre de los parlamentarios con procesos judiciales y los conminó a no integrar dicha comisión.
La Subcomisión debe hilar fino y no salirse del reglamento pues tiene en sus manos un encargo muy importante y no debe ser afectada por quienes, pese a que lo nieguen, tienen fuertes vinculaciones con los que van a investigar.
