El temor de que la nueva Ley Universitaria (Ley 30220) pudiera ser observada por el Tribunal Constitucional (TC) acabó en la mañana del último miércoles. Así, la norma cuenta con la legalidad correspondiente para que los diferentes centros de educación superior cumplan con adecuarse a ella antes del 31 de diciembre, pues de lo contrario afrontarán serios problemas en 2016, como el congelamiento de sus cuentas.
La incertidumbre sobre la mencionada ley se despejó cuando cinco de los siete miembros del TC ratificaron la constitucionalidad, y con ello las demandas presentadas por diferentes instituciones quedaron de lado.
Pese a la resistencia de ciertos sectores, la ley se encuentra en plena vigencia y busca que las universidades, tanto estatales como privadas, alcancen estándares mínimos de calidad, y si no cumplen este requisito, se dispondrá su cierre tras las respectivas evaluaciones.
Entre las observaciones que existen, se encuentra que los profesores tengan maestría para ejercer la docencia, y para cumplir esto se da un plazo prudencial de cinco años, además de la controversia generada sobre los 70 años como edad máxima para estar en el cargo, ya que el TC considera que no es discriminatoria, debido a que los profesionales pueden seguir enseñando óptimamente tras la evaluación de sus capacidades.
Sin duda que el principal objetivo de esta nueva norma es alcanzar mejores niveles de calidad en la educación superior, una exigencia de todos que solo se alcanzará si tenemos universidades que estén acordes a los cambios de los tiempos y que aporten profesionales calificados a la sociedad.
