Durante la vista de la causa del proceso competencial planteado por el Congreso de la República, sobre la cuestión de confianza fáctica que devino en el cierre del Congreso, la defensa del Poder Ejecutivo sostuvo su posición -entre otros argumentos- en el pronunciamiento de fecha 26 de septiembre de 2019 emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el proceso de elección de magistrados al TC.

Recordemos que dicho organismo expresó su preocupación por las denuncias de falta de publicidad y transparencia en el proceso de selección de seis magistrados del Tribunal Constitucional, invocando que se hagan públicos los criterios de selección y se permita participación de la sociedad civil.

Es de observar que la CIDH al emitir su pronunciamiento no lo fundamenta en normas del Estado Peruano ni tampoco en normas de Derecho Internacional. Hace alusión a generalidades como transparencia y participación, pero lo curioso es que procedió así a días de culminarse del proceso señalado para el 30 de setiembre, en el que solo quedaba el acto de elección por el Congreso.

Nuestra legislación establece en la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el Reglamento del Congreso cómo se elige a los miembros del Tribunal Constitucional; al amparo de estas, se eligió a los actuales magistrados del TC.

Correspondía entonces que el Gobierno peruano exprese su malestar y defienda su soberanía. Lejos de ello, este asume los términos de dicho pronunciamiento de la CIDH para defender la negación de confianza fáctica y, con ello, el inconstitucional cierre del Congreso.

Lo descrito evidencia la fragilidad de los argumentos de la defensa de la posición del Gobierno, así como un vergonzoso sometimiento a una mala práctica de la CIDH al inmiscuirse en temas internos de nuestro país. Ello más aún cuando la forma de elección de los miembros de la CIDH se realiza por invitación, procedimiento similar al empleado para la fallida elección de miembros del TC.

El IDL y la ONG Flora Tristán presentaron una acción de amparo a fin de detener el proceso de elección, con lo cual el Gobierno, las ONG y la CIHD coinciden. ¿Será casualidad?