Un muy controvertido fallo del Poder Judicial que deja sin efecto la decisión del Congreso que en uso de sus facultades constitucionales suspendió por falta grave a los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Inés Tello y Aldo Vásquez, ha vuelto a mostrar la fragilidad de nuestro sistema legal y ha generado toda una discusión que muestra la variedad de posiciones respecto a si un juez puede o no poner freno a la labor del Poder Legislativo.
Sin embargo, más allá de eso, lo que tenemos ahora es un limbo que sin duda impide el trabajo de la JNJ, que tiene como función principal nombrar y ratificar a los jueces fiscales de nuestro sistema de justicia, esos que son los llamados a luchar contra la criminalidad y la corrupción que golpea al ciudadano.
Lo más probable es que en los próximos días, en respeto a una decisión previa del Tribunal Constitucional, se confirme la expulsión de Tello y Vásquez. Sin embargo, nadie devolverá la incertidumbre ni el tiempo perdido en el trabajo de una entidad que de momento no muestra mayores resultados si analizamos la calidad de los magistrados que tenemos.
De otro lado, habría que ver las motivaciones del magistrado que ha dejado sin efecto una decisión del Congreso que ha sido respaldada con anterioridad por el TC. No podemos ir de tumbo en tumbo y en idas y venidas. La lucha contra el crimen y la corrupción tiene que avanzar.
